Posted by : Entre Notas Rosa jueves, 10 de julio de 2014



Ponencia en el Consejo de Estado sacaría del cargo al jefe del Ministerio Público.


 
El procurador General, Alejandro Ordóñez, fue reelegido en noviembre del año pasado.
Foto: Archivo / EL TIEMPO
El procurador General, Alejandro Ordóñez, fue reelegido en noviembre del año pasado.
La reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación está en vilo.
En próximos días, el Consejo de Estado tomaría una decisión que dejaría sin piso no solo su nueva elección, sino la posibilidad de que cualquier otro jefe del Ministerio Público pueda aspirar a un segundo mandato consecutivo, por considerar que esa figura no la contempla la Constitución y supone un desequilibrio de poderes.
EL TIEMPO conoció la ponencia, que va en ese sentido, del presidente de la Sección Quinta, Alberto Yepes Barreiro, quien resolvió tres demandas, las cuales pedían la anulación del acto por el cual el Senado reeligió a Ordóñez el pasado 27 de noviembre del 2012.
En esta habla de que la reelección del Procurador supone una “arbitrariedad que puede conllevar la concentración de poder”.
Yepes entró a estudiar los argumentos de los demandantes, entre ellos los abogados Rodrigo Uprimny y Carlos Mario Isaza, quienes argumentaron que el Congreso no podía reelegir a Ordóñez porque no había en la Constitución dicha figura, y por un supuesto conflicto de intereses de los nominadores y sus electores tanto en la Corte Suprema como en el Senado, respectivamente.
Así las cosas, el futuro de Ordóñez está en manos de la Sección Quinta del alto tribunal, donde tres magistrados –Susana Buitrago, Lucy Bermúdez y Yepes– y los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño decidirán si acogen la argumentación de la ponencia.
Y a pesar de que en la última semana ha habido intentos de pasar este proceso a la Sala Plena del tribunal, con el fin de que lo estudien los 24 consejeros, será la Sección Quinta la que, en este momento, decidirá si Ordóñez, quien por cierto fue consejero, sigue en el cargo o no. (Vea acá el auto de la Sala Plena)
El pasado 29 de abril se expidió un auto en el que la totalidad de ese alto tribunal estuvo de acuerdo con que la sección, presidida por Yepes, fuera la que fallara el caso.
¿Por qué se caería?

En la ponencia, el consejero Yepes argumenta que en la Constitución no se dice expresamente que el Procurador General de la Nación no pueda ser reelegido por cuatro años más.
Para el magistrado, ese silencio no da el aval para que el Senado lo pueda reelegir, por lo cual esa cámara “erró” y calificó de “inaceptable” haberle dado vía libre a la elección en noviembre pasado.
“En aspectos que tocan la configuración de los órganos del Estado prima la noción según la cual todo aquello que no esté expresamente autorizado debe entenderse prohibido (…); debe haber una habilitación constitucional expresa para que ello sea admisible”, señala el proyecto de fallo.
Según otro de los puntos de la ponencia, la reelección de la figura del Procurador General, que tiene la importante competencia de vigilar, sancionar e investigar a funcionarios, es nociva para un Estado de Derecho.
“Llevaría a permitir que un segundo periodo de quien ya venía desempeñándose como supremo director del Ministerio Público, con su planta de personal y sus extensas facultades de control de poder público, desquicie y rompa el equilibrio entre los diversos sectores en la dirección del Estado”, señala Yepes.
La reelección de Maya
En el documento, de 51 folios, el consejero se refiere, sin hacer mención del nombre, al antecedente de reelección de Edgardo Maya como Procurador General entre el 2001 y el 2009.
Sobre esta situación, el magistrado es claro en decir que “no es razón jurídica aceptable para validar la extralimitación de competencias del Senado con graves consecuencias para el sistema político y jurídico”.
Y agrega que “tal reelección no fue demandada en su momento, siendo esta la primera ocasión en que la Sección Quinta aborda el estudio de legalidad de ese acto”.
El consejero reitera que con esa decisión no desconoce el derecho fundamental de Ordóñez a ser elegido porque, de hecho, se pudo postular, y aclara que “bajo ninguna circunstancia el actual Procurador abusó de su posición”.
Por lo pronto, en los próximos días los ojos estarán encima de la Sección Quinta del Consejo de Estado, debido a que no solo se define el futuro del procurador Ordóñez, sino que se establecerá un precedente que podría impactar las más altas instancias del Estado.
‘La Constitución no lo prohíbe’: defensa
En el proceso ante el Consejo de Estado, donde se evalúan tres demandas de abogados en las que piden anular el acto por el cual se eligió al procurador General, Alejandro Ordóñez, la defensa del jefe del Ministerio Público ha defendido la tesis de que la Carta Política no prohíbe su reelección.
“El Senado sí está facultado para reelegir al Procurador toda vez que no existe la prohibición”, señaló el abogado defensor. Agregó que Ordóñez no está inhabilitado para ejercer por otro periodo su cargo, teniendo en cuenta los requisitos que se establecen en la Constitución y en normas vigentes.
Sobre este punto, también destacó que en el mismo Congreso se han debatido proyectos de actos legislativos que cambian la Constitución para que se pueda limitar a solo cuatro años el periodo del Procurador, los cuales no han prosperado.
De igual manera, ante los consejeros, la defensa de Ordóñez aseguró que fue ternado por la Corte Suprema de Justicia con todos los requisitos de ley.
El Senado de la República también contestó preguntas que hizo el Consejo de Estado sobre el asunto. “La elección del demandado como Procurador General de la Nación se efectuó de acuerdo con la Constitución y la ley”, señaló el representante de la cámara alta.
Sobre el punto de los impedimentos de los congresistas que tenían familiares o estaban investigados por la Procuraduría y votaron para que Ordóñez se quedara en el cargo, dijo: “No se violó el régimen de recusaciones e impedimentos por conflicto de intereses, pues los senadores presentaron oportunamente sus respectivos impedimentos y estos fueron negados”.
En abril se decidió la competencia
En los últimos días, algunos consejeros de Estado han insistido en que el proceso contra el procurador Ordóñez no debe ser resuelto en la Sección Quinta, sino que debe ir a la Sala Plena del alto tribunal. EL TIEMPO conoció que el martes pasado el consejero Marco Antonio Velilla solicitó llevar el proceso a Sala Plena para que los 24 magistrados lo definieran por considerar que es un asunto de importancia jurídica y de trascendencia social.
Meses antes, uno de los demandantes, Rodrigo Uprimny, había hecho la misma petición. No fue hasta el pasado 29 de abril cuando los magistrados del Consejo de Estado emitieron un auto en el que decidieron que el asunto debía fallarlo la sección que preside Alberto Yepes, quien, a su vez, es el magistrado ponente.
“No encuentra necesario asumir el conocimiento solicitado, puesto que no encuentra que sobre el punto exista jurisprudencia por unificar o criterios encontrados por definir. En ese orden de ideas, no avocará su conocimiento”, señala el auto, de tres folios.
EL TIEMPO

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © Powered by blogger Sandaniel20