Posted by : Entre Notas Rosa jueves, 8 de junio de 2017

Fuente elheraldo.co
Diana Arrieta Marín

El gremio señala que la sentencia hacia la firma y Minminas, en la que piden pagar indemnizaciones por atentado de las FARC a un gasoducto, constituye una embestida.

Estos son los equipos de uno de los gasoductos de la compañía PROMIGAS en el país.

Luego de la sentencia de un Juzgado de Riohacha que condena a PROMIGAS y al Ministerio de Minas y Energía a pagar indemnizaciones que suman unos 3.700 millones de pesos por un atentado perpetrado por las FARC al gasoducto Ballenas - Barranquilla en el año 2001; el Comité Intergremial del Atlántico manifestó que el hecho “mina la confianza del inversionista privado en el país”.

Además, señaló que la decisión “constituye una embestida jurídica contra el sector empresarial”.

De acuerdo con el presidente de la entidad, Ricardo Plata, esta situación traslada al inversionista privado de una concesión la responsabilidad de un acto terrorista perpetrado por terceros contra la infraestructura construida y operada para la prestación de los servicios públicos derivados de la misma.

Esa decisión, inédita en el país y en el mundo, introduce para cualquier inversión privada bajo la figura de concesión, ya no solo incertidumbre jurídica sino, más grave, certidumbre del riesgo por acciones criminales dirigidas contra la propia empresa”, expresó.

En días pasados la ANDI y NATURGAS también se pronunciaron al respecto, señalando que la sentencia deja “un grave precedente en materia de la responsabilidad extracontractual de los particulares”.

Según el Comité Intergremial, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) de La Guajira abre la puerta, “mediante cuestionables argumentos, a un nuevo y peligroso factor de inestabilidad jurídica que socava la confianza del inversionista privado en el país”.

Ricardo Plata también argumentó que “causa extrañeza” que las decisiones del Juzgado y del Tribunal en cuestión no atribuyan responsabilidad alguna al municipio, ni al departamento por la explosión del gasoducto a raíz del atentado de las FARC, “cuando a las autoridades de esos entes territoriales les corresponde velar por la seguridad de sus habitantes y evitar la invasión de las zonas adyacentes a una infraestructura como la que fue blanco de la acción terrorista”, indicó el representante de los gremios del Atlántico.

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