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Posted by : Entre Notas Rosa viernes, 7 de octubre de 2016

Los funcionarios que prestan sus servicios en el claustro universitario indicaron que apoyan irrestrictamente la gestión que adelanta el Rector Carlos Arturo Robles Julio y las acciones que adelantan la comunidad universitaria en procura de solucionar los diferentes problemas financieros por los cuales atraviesa actualmente el alma máter guajira.




La declaración está sustentada en las críticas de las cuales ha sido objeto el rector Robles Julio por parte de algunos medios de comunicación, y las agresiones en contra de estudiantes durante las recientes protestas generadas ante el incumplimiento de los compromisos económicos por parte del gobierno seccional, y que no permiten el normal funcionamiento de este centro de educación superior.

Ante la situación descrita, los directivos de la Universidad de La Guajira luego de una reunión realizada este viernes 7 de octubre, emitieron un comunicado, dirigido a 
la opinión pública y cuyo texto publicamos a continuación:

"Directivos de la Universidad de La Guajira en reunión celebrada el día 7 de octubre de 2016, decidieron por unanimidad manifestar lo siguiente:

Apoyamos irrestrictamente la gestión que viene desarrollando el Ingeniero Carlos Arturo Robles Julio, rector de la Universidad de La Guajira, en beneficio de nuestra Alma Máter, patrimonio académico y social más importante del departamento y rechazamos tajantemente los ataques infundados de algunas personas y medios de comunicación contra su integridad ética y moral.

Rechazamos las agresiones físicas contra los miembros de la comunidad universitaria por parte de la Fuerza Pública.

Por lo anterior, comunicamos que la lucha emprendida por los miembros de la comunidad universitaria obedece al incumplimiento del gobierno departamental de los pagos de las obligaciones que por ley le corresponden a la institución por los siguientes conceptos:

Aportes obligatorios de Ley 30 de 1992 de la vigencia 2016.

Cancelación de las matrículas por subsidio a la gratuidad de la educación superior del departamento, según las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008 y su posible eliminación.

Cancelación de la indexación de los recursos de Ley 30 de 1992, aportes dejados de presupuestar y pagar en años anteriores, según sentencia judicial.

En consecuencia, nos encontramos en un escenario de incertidumbre académica, financiera y administrativa que de no solucionarse, conllevará al cierre definitivo de la universidad por falta de recursos para su funcionamiento.

Defenderemos y lucharemos por mantener el derecho adquirido de los estudiantes al subsidio de matrícula por parte del gobierno departamental; de eliminarse este beneficio, se generaría una alta deserción estudiantil, considerando que la situación económica de la mayoría de los padres de familia no le permite asumir el cien por ciento de la misma
".

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