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Posted by : Entre Notas Rosa viernes, 23 de septiembre de 2016

Por: Liliana Caballero
Directora de la Función Pública


Finalizada la Mesa de Conversaciones de La Habana, el Acuerdo Final está disponible para la consulta y el análisis de todos los colombianos. La decisión que tomaremos el próximo 2 de octubre es trascendental y nadie puede ser ajeno a ella.

Como servidores públicos nuestra responsabilidad de divulgar reside en acercar la información a los ciudadanos de manera ágil y en lenguaje sencillo, tal como lo hemos venido haciendo a través de los diversos canales institucionales y por medio de los espacios de socialización y pedagogía que el Gobierno Nacional ha puesto en marcha.

El Presidente Juan Manuel Santos permanentemente está haciendo rendición de cuentas de todo lo acordado y el Equipo Negociador inició una intensa maratón pedagógica, al igual que todas y cada una de las entidades.

En Función Pública intensificamos labores y en los meses de agosto y septiembre hemos adelantado más de 50 conferencias y talleres de pedagogía de paz con servidores públicos de todos los niveles de la administración, para recordarles la responsabilidad que tenemos en la construcción de la paz, calificada por la Corte Constitucional como política pública de interés general.

De la lectura del Acuerdo se deriva una conclusión fundamental: finalizado el conflicto, la construcción de la paz pasa necesariamente por el fortalecimiento de la función pública en todo el territorio, particularmente a nivel territorial. A manera de declaración de principios, así lo establece el Acuerdo en su preámbulo: “El eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno”.

Página tras página el Acuerdo introduce mecanismos y herramientas que mejoran la acción del Estado: una jurisdicción agraria para resolver los conflictos asociados a la tierra, un plan de formalización de la propiedad, un catastro rural, entre otros. Un mejor Estado para la garantía de derechos: esa es la nuez de la Reforma Rural Integral y el espíritu que recorre todo el Acuerdo Final.

Una acción institucional que tiene como complemento la participación ciudadana, incluida en el Acuerdo como principio de implementación y control de todo lo acordado: “La participación ciudadana es el fundamento de todos los acuerdos que constituyen el Acuerdo Final. Participación en general de la sociedad en la construcción de la paz y participación en particular en la planeación, la ejecución y el seguimiento a los planes y programas en los territorios, que es además una garantía de transparencia”.

Avanzando conjuntamente, el fortalecimiento institucional y la participación ciudadana configuran un círculo virtuoso de construcción de paz. De esta manera se reconoce la importancia de la ciudadanía en la definición de visiones del desarrollo, se identifican de manera conjunta necesidades y expectativas territoriales, se fortalece y legitima la institucionalidad. Al ver la respuesta de parte del Estado, la ciudadanía se siente más comprometida a participar. Esto es lo que el Alto Comisionado para la Paz ha denominado paz territorial.

De cara a asumir este reto, tenemos que fortalecer una serie de capacidades y competencias en los servidores públicos, actores fundamentales en la construcción de paz:

1) Capacidad para la promoción de una participación ciudadana incidente, incluyente, legítimamente representativa e innovadora, que proscriba la estigmatización y que favorezca un diálogo abierto y democrático.

2) Capacidad para la resolución de conflictos y el diálogo multiactor con un enfoque de garantía de derechos.

3) Capacidad para liderar una gestión administrativa eficiente, eficaz y transparente, orientada a resultados y regida por el principio de legalidad, que asegure –a través de una adecuada planeación territorial participativa–, la provisión de bienes y servicios a la ciudadanía.

Un mejor Estado que haga presencia en todo el territorio, que rinda cuentas, que propicie la participación ciudadana, unos ciudadanos corresponsables y unos servidores públicos íntegros, comprometidos y eficientes son los tres elementos que generan confianza, la mejor garantía para la construcción de una paz duradera y estable.

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