Posted by : Entre Notas Rosa martes, 12 de mayo de 2015

Sobretasas y aumento de diversos cobros se mezclan con medidas que benefician a los más necesitados.

Por:  ECONOMÍA Y NEGOCIOS |

3:29 p.m. | 10 de mayo de 2015

Fuenteeltiempo.com


Foto: Archivo / EL TIEMPO

El Plan, que requirió conciliación entre Cámara y Senado, por diferencias en los textos aprobados, quedó con 267 artículos que constituyen toda una bolsa de medidas.


Un complejo proceso, lleno de controversia e inconformismos por parte de muchos congresistas y de varios sectores del país, antecedió la aprobación del Plan de Desarrollo, la brújula que orientará los caminos para seguir para que en el 2018, cuando termine el mandato del presidente Juan Manuel Santos, se puedan verificar las metas establecidas alrededor de los tres ejes: paz, educación y equidad.


Para el mandatario de los colombianos, “el Plan es realista, reformista, progresista y ajustado a la nueva realidad local y a la situación económica mundial”.


No obstante, las opiniones en torno al Plan ‘Todos por un nuevo país’, de muchos congresistas, apuntan a que le ‘meterán la mano’ al bolsillo a los colombianos, con cargos, algunas veces llamados sobretasas y contribuciones, y con incrementos en tarifas de servicios públicos básicos, como la energía.


“El Plan es una amalgama de reformas normativas, constitución de tarifas, creación de facultades sectoriales y caricias a intereses particulares”, dijo el senador Iván Duque.


Entre tanto, para la Consejería Presidencial para Buen Gobierno, “el Plan no crea impuestos, sino fuentes de financiamiento”. (Lea: La ciencia en el Plan Nacional de Desarrollo)


El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, acepta que el Plan requiere de la participación económica de los colombianos, pero sustenta que es “de manera positiva”, para corregir aspectos como el del alumbrado público, que se rige por una norma de 1913 que, según el funcionario, “violentaba el derecho del consumidor. Tenemos casos como Cartagena, en donde ha subido constantemente el costo del alumbrado público; algunos municipios incluyen la semaforización dentro de estas contribuciones. Al reglamentar este tema, lograremos mejor prestación del servicio y tarifas más razonables”.


El Plan, que requirió conciliación entre Cámara y Senado, por diferencias en los textos aprobados, quedó con 267 artículos que constituyen toda una bolsa de medidas.


Lo que contiene


Desde la ampliación de beneficios para el ciudadano, como la extensión de los subsidios de energía para los estratos 1 y 2, pasando por la centralización de la compra de medicamentos, de manera que su costo quede más bajo para el usuario, hasta la imposición de sobretasas por estacionar en zonas de uso público y cobros por congestión y contaminación, cuyos recaudos están destinados a “financiar los sistemas de transporte masivo para enfrentar los problemas de movilidad en las ciudades”, señala la Consejería Presidencial.


Pocas de las propuestas del Plan se quedaron sin críticas. Incluso, desde los primeros artículos, que suelen ser más inocuos, se adoptan metidas polémicas. Es el caso de la que propone usar recursos parafiscales del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) para atender los pasivos pensionales y laborales en el sector hotelero.


El presidente del gremio turístico, Cotelco, Gustavo Toro, se pronunció al respecto: “Es increíble que los recursos que se tienen para la competitividad del sector se vean ahora congelados para pagar una deuda que es responsabilidad del Estado y no de los empresarios”.


¿Hay reforma minera?


El plan incluye un amplio paquete de medidas relacionadas con el sector minero, lo que llevó a varios de los congresistas de la oposición a advertir que “metieron dentro de una ley un poco de leyes. Se está haciendo, entre otras, una reforma minera”, dijo el senador Jorge Robledo.


El establecimiento de un plazo de dos años para que la autoridad minera resuelva solicitudes de legalización de minas y medidas para incentivar la producción de hidrocarburos hacen parte del documento que ya solo tiene pendiente la firma presidencial. (Lea: Los 14 artículos del sector TIC en el Plan Nacional de Desarrollo})


En medio de lo controversial también hubo temas que fueron aprobados sin contratiempos.


Entre lo que generó resistencia, se destaca el establecimiento de una nueva política de atención integral en salud, dentro de la cual se crea la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo que para algunos congresistas no es otra cosa que Salud Mía (incluida en la reforma de la salud que no pasó).


En cambio, el respaldo absoluto del Legislativo estuvo por el lado de medidas como la obligatoriedad de la educación media hasta el grado 11, la jornada única, y la focalización de subsidios del Icetex en los estratos bajos y en programas educativos de alta calidad. Cabe destacar que en el Congreso se eliminó la tasa mínima por uso de aguas, lo que iba a incrementar las tarifas del servicio para los usuarios. (Lea también: Tras movida sesión, el Plan de Desarrollo va a la conciliación final)


Impactos para los ciudadanos


1. En tarifas de energía


Dentro del Plan quedó contemplado un aumento en la tarifa de energía para financiar el Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (Fazni) y el Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge). El incremento sería de 90 centavos en el precio por cada kilovatio hora despachado. La Consejería Presidencial señala que se trata de un aumento mínimo en las tarifas de energía y solo les pegará a los estratos altos, mientras que financiará la energía social, en especial, en áreas rurales.


2. Para sistemas de transporte


Le pegará al bolsillo de los colombianos el cobro de tasas por congestión, el cual se ha estimado, en promedio, en 3.000 pesos y que, por recaer sobre el transporte público, conduciría también a impulsar la subida en los precios del pasaje. Además, las empresas de este sector tendrán que hacer un aporte para financiar el funcionamiento y la inversión de quien las vigila: la Superintendencia de Puertos y Transporte. Esto podría conducir a incrementar el pasaje intermunicipal y el costo para los transportadores de productos.


3. Estacionamientos, predial e impuesto en pico y placa


El Plan da vía libre para que los municipios cobren una contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público, encaminada a incentivar el uso del transporte público y la bicicleta (esta estará exenta).


De acuerdo con la ley que sancionará el Presidente, en los municipios, los alcaldes quedan con la potestad para crear un impuesto que se cobrará a aquel ciudadano que quiera sacar su vehículo durante el día en que le corresponde el pico y placa.


De igual manera, si el contribuyente elige hacer un autoavalúo catastral para aportar su impuesto predial, tendrá esa libertad.


4. Plata para Justicia y la Ciénaga de Santa Marta


De acuerdo con lo aprobado en el Plan de Desarrollo, se incrementa el cobro por registro de instrumentos públicos y otorgamiento de escrituras en un 12 por ciento a partir del 2016, para un total del 72 por ciento. Estos recursos financiarán una política de prevención de la delincuencia juvenil.


Entre tanto, el Gobierno queda facultado para ordenar el cobro de la sobretasa ambiental a las vías que conducen del municipio de Ciénaga (Magdalena) a la ciudad de Barranquilla y de Ciénaga (Magdalena) a Fundación (Magdalena), entre otras.


5. La gente paga lo que se carga al presupuesto


Al presupuesto general, que se nutre de los impuestos de todos los colombianos, se cargan nuevos gastos. Es el caso de los giros que se harán anualmente a los municipios en donde existan territorios colectivos de comunidades negras.


También se trasladan al presupuesto los recursos que se le otorgarán a Satena para promover la prestación del servicio de transporte aéreo en las regiones de difícil acceso y conectividad.


Y hasta habrá que sacar de la billetera pública plata para conmemorar el bicentenario de la batalla de Boyacá.


ECONOMÍA Y NEGOCIOS

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