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Posted by : Entre Notas Rosa martes, 31 de marzo de 2015

Así lo ratificó el alcalde de Uribia, Abel Giacometto Fominaya, al referirse a las informaciones publicadas por el docente Esteban Epieyu, el lunes 30 de marzo de 2015 a través de la emisora ‘Majuyut Estéreo’, que tiene su sede en esa localidad.

Comisión oficial en su trabajo con la comunidad
De acuerdo a la información oficial, el alcalde Giacometto Fominaya, ante esta grave denuncia ordenó a una comisión liderada por el Secretario de Gobierno, Rubén Almazo; la Comisaría de Familia, el ICBF Zonal Manaure  y la Policía Nacional a trasladarse a Perpana, Jamucherro, Pajaru, Mulakimana, Marquetalia y Sarralou, sitios mencionados por el denunciante.

Durante el recorrido efectuado por la zona, miembros de estas comunidades manifestaron a los funcionarios designados, desconocer los hechos. Sin embargo, las personas sienten temor porque circulan rumores sobre el rapto de niños.


Los indígenas Wayuu están atemorizados por las alertas y últimos hechos que se han presentado en Colombia con respeto a la desaparición de niños y niñas.

Es de resaltar que ninguna autoridad competente ha recibo una denuncia concreta en desapariciones, ni muertes de niños por tráfico de órganos en el municipio de Uribia.

Con esta situación que tiene conmocionada a los uribieros, la administración municipal pide calma a la población, ya que estos hechos no se han presentado en su jurisdicción.

La administración municipal solicita a los medios de comunicación tener mesura con las informaciones y hacer la verificación respectiva de cualquier hecho que se denuncie antes estos importantes espacios noticiosos, al tiempo que exhortó a la comunidad recurrir a las autoridades  para denunciar cualquier situación que ponga en peligro la integridad física de cualquier habitante del municipio de Uribia.

Por su parte las autoridades se mantienen en estado de alerta, haciendo visitas y recorridos por las rancherías de la Alta Guajira, en prevención de la incidencia de hechos que puedan perturbar la tranquilidad ciudadana o amenazar la integridad de miembros de las comunidades asentadas en esa zona del territorio peninsular.



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